Hace unas semanas hablábamos de qué pueden hacer las empresas para promover la movilidad sostenible entre sus trabajadores. Surgieron entonces ideas muy interesantes y perfectamente aplicables. Pues bien, hoy queremos seguir ahondando en este tema, pero prestando atención a cómo pueden influir las diferentes Administraciones Públicas en los hábitos de movilidad de sus trabajadores para procurar que dejen mayoritariamente el coche (o la moto) en casa.
Y es que, aunque en realidad las propuestas que plantearemos se podrían llevar a cabo también en el sector privado, entendemos que la Administración debe dar ejemplo y ser precursora en este ámbito, como lo ha sido en otros (igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, conciliación de la vida familiar y laboral, etc.), más aún teniendo en cuenta que en España aproximadamente 3.100.000 personas trabajan en el sector público.
¿Es posible que un colectivo de tal envergadura adopte unos hábitos de movilidad más sostenibles que los actuales? Sí, sin duda. Con demasiada frecuencia, las Administraciones han dado facilidades para que sus trabajadores pudieran llegar a trabajar en vehículo privado: creando plazas de aparcamiento en sus edificios, habilitando solares en los que solo pueden aparcar sus empleados, etc.
En ocasiones eso ha sido así porque los propios trabajadores (o sus representantes sindicales) reclaman este tipo de medidas, sin tener en cuenta que, al satisfacer un interés particular, se está entrando en contradicción con un interés general (el de promover una movilidad más sostenible y un medio ambiente menos contaminado) que, a nuestro juicio, es más importante. Otras veces, en cambio, se ha apostado por la movilidad en coche y moto como contrapartida a otras demandas de los trabajadores (subida de sueldo, flexibilidad horaria, etc.), porque, en emplazamientos mal comunicados, resultaba más fácil destinar una zona a aparcamiento que implantar un transporte público competitivo y adaptado a las necesidades de los trabajadores. Así, pues,la Administración no ha sabido “cambiar el chip” y continúa con una política que, más o menos veladamente, presupone que debe garantizar que sus trabajadores puedan llegar en coche.
En consecuencia, desde ecomovilidad.net Barcelona consideramos que debería acabarse con el trato tan favorable que se da actualmente a aquellos empleados públicos a los que se les asigna una plaza de aparcamiento a coste cero en el edificio en el que trabajan, incluso cuando disponen de numerosas alternativas para llegar en transporte público. Además, con frecuencia los criterios que se siguen para decidir si a un trabajador se le permite aparcar o no en el parking del edificio son injustos, poco transparentes o absolutamente aleatorios.
Apostamos, pues, por crear un sistema equitativo para todos que considere como un servicio que se ofrece (y, por tanto, que se cobra) la disponibilidad de plazas de aparcamiento que hasta ahora se asignan discrecionalmente. Se debe acabar, pues, con la práctica de reservar plazas a los jefes, a los trabajadores con un determinado rango salarial o titulación o a quienes lleven más años enla Administración.
En definitiva, creemos que las Administraciones Públicas deberían poner a disposición de todos sus trabajadores las plazas de aparcamiento con que cuenten, a cambio de cobrarles una cuota mensual por utilizarlas, de manera que la cuantía recaudada por esta vía revertiera en el conjunto de los empleados públicos, mediante descuentos en el transporte público.
Para lograr un sistema más justo, consideramos que estos ingresos se deberían distribuir a partes iguales entre todos los trabajadores (por lo que todos ellos obtendrían el mismo descuento en el transporte público), mientras que el precio que se cobrase por el alquiler de las plazas de aparcamiento podría no ser el mismo para todos, sino en proporción al sueldo de los trabajadores que las utilizarían. Incluso podría cobrarse un porcentaje diferente (tal vez un 2%, un 3% o un 5%) en función de la categoría profesional de los trabajadores.
Así lograríamos un sistema redistributivo, que beneficiaría especialmente a los empleados públicos con los salarios más bajos. Con este sistema, los trabajadores con los sueldos más altos (a partir de 1.500 euros al mes, pongamos por caso), que suelen ser más reacios a renunciar a llegar al trabajo en coche, aunque dispongan de alternativas en transporte público, deberían rascarse más el bolsillo. En definitiva, pues, quien quiera un capricho, que se lo pague.
La implantación de esta propuesta probablemente propiciaría, además, que surgieran voluntarios para compartir el coche, reduciéndose así el número de los que circularían por las calles y, por tanto, generándose menos atascos, menos contaminación acústica y atmosférica, menos accidentes y menos bajas laborales. Probablemente también haría que bastantes usuarios habituales de las plazas de aparcamiento dela Administración renunciaran a ellas y se pasaran al transporte público.
¿Quedarían vacías, entonces, esas plazas? No necesariamente. Podrían habilitarse plazas de parking gratuitas (y seguras) para bicicletas. Asimismo, en las zonas en las que están muy cerca diferentes edificios públicos (algunos de ellos con parking y otros sin él) los empleados que necesitasen ir en coche al trabajo podrían compartir las zonas de aparcamiento para que resultaran más eficaces y no sobrasen plazas por un lado y faltasen por el otro. Así, de paso, se acabarían situaciones injustas, como que en un edificio haya aparcamiento y en el de al lado, no. Incluso se podrían alquilar las plazas por minutos a los ciudadanos que acudiesen ala Administración para hacer alguna gestión.
Para no perjudicar a quienes realmente necesitan recurrir al coche, podrían establecerse determinadas excepciones en el cobro de la cuota mensual por usar las plazas de aparcamiento. Así, por ejemplo, quienes vivieran lejos del centro de trabajo (por ejemplo, a 50 km), quienes tuvieran minusvalías físicas y no pudieran desplazarse por otros medios, quienes trabajasen en centros a los que no llega el transporte público o quienes entre sus funciones diarias estuviese el desplazarse con el coche (conserjes para hacer recados, inspectores, etc.) podrían estar exentos de este pago.
El descuento que se haría en el transporte público a todos los trabajadores gracias a lo recaudado al alquilar las plazas de aparcamiento se gestionaría como los tickets restaurante, pero sin empresas intermediarias, sino con una gestión directa en la que solo intervendrían los responsables de Recursos Humanos de la Administración donde trabajasen los empleados públicos y la Autoritat del Transport Metropolità. Las tarjetas en las que se acumularían las cantidades abonadas por la Administración por este concepto serían recargables mes a mes y su importe podría gastarse solo en transporte público, ya fuera en abonos destinados a usuarios habituales (T-50/30, T-Mes, T-Trimestre…) o en títulos de transporte de uso esporádico (billete sencillo, T-10, T-Dia…). Así no se perjudicaría a quienes acudiesen a trabajar en bici, a pie, en coche o en moto.
Esta pequeña aportación en forma de descuento en el transporte público compensaría en cierta medida los recortes de sueldo que los empleados públicos han sufrido en el último año y medio, con el importante detalle que no supondría un coste adicional para la Administración, pues las cuantías abonadas no serían sino los ingresos obtenidos por alquilar las plazas de parking a los trabajadores que optan por llegar al trabajo en coche. La Administración sería, así, un ejemplo para las empresas del sector privado que también ofrecen plazas de parking gratuito a sus trabajadores, las cuales podrían ver cómo las instituciones públicas gestionan esta cuestión de manera más justa y adecuada, y adoptar ellas este mismo sistema.
Lejos de resultar un planteamiento utópico, este sistema podría implantarse en nuestro país si existiera voluntad política. De hecho, en Holanda es habitual que tanto las empresas del sector privado como las Administraciones entreguen cada mes a sus trabajadores un abono mensual de transporte público para evitar que acudan a trabajar en vehículo privado. Es, pues, el momento de que en España las Administraciones y las empresas dejen de ofrecer gratuitamente plazas de parking a sus trabajadores. Para ello, deberían prevalecer los principios “Quien contamina, paga”, “Quien no contamina (o sea, la bici), no paga” y “Quien más gana, más paga”.
Y es que, si lográsemos que las medidas que proponemos en este post se implantasen en el sector público, probablemente cambiaría la forma de moverse de miles de personas en nuestro país.