El pasado lunes 10 de mayo, el Tribunal Supremo notificó la desestimación del recurso de casación presentado por Ecologistas en Acción contra la sentencia del TSJM que anulaba Madrid Central, a consecuencia del procedimiento que inició el Grupo Municipal del Partido Popular de Madrid en 2018. El tribunal ha considerado válidos los argumentos en relación a una serie de cuestiones formales en la tramitación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible que llevó a cabo el anterior gobierno municipal. Esta decisión deja caer una medida que restringía el acceso de vehículos contaminantes a la zona más céntrica de la ciudad y cuyo impacto positivo le llevó a posicionarse como la zona de bajas emisiones más eficiente de Europa.
Madrid Central, que entró en funcionamiento el 30 de noviembre de 2018, formaba parte de la estrategia denominada Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático que el anterior consistorio puso en marcha y que llevaba por objetivo el de reducir los niveles de contaminación de la ciudad y definir estrategias de adaptación al cambio climático. Esta zona de bajas emisiones era una de las 30 medidas contenidas en el Plan, entre las que también se encuentran otras como la de garantizar una mayor prioridad peatonal, la mejora de la infraestructura ciclista o la implantación de infraestructuras reservadas al transporte público.
La puesta en marcha de Madrid Central supuso además un frenazo a la sanción que iba a recibir la ciudad por el sistemático incumplimiento durante años de la directiva europea que regula los niveles de contaminantes como el NO2 en los núcleos urbanos. La adopción de esta medida derivó en una reducción drástica de la emisión de este gas (vinculado a los vehículos motorizados y por lo tanto el que más predomina en las ciudades) en el entorno de la estación de medición más céntrica de la ciudad, cuyos niveles anteriores eran altamente superiores a los 40 μg/m permitidos. Esta reducción se extendió también al resto de la ciudad que, en el año 2019, en su conjunto superó en 96 ocasiones el límite de NO2 permitido, frente a las 554 veces que lo hizo en el año 2015. Ecologistas en Acción, que realiza un seguimiento periódico bastante detallado de esta medida, destacó este “efecto contagio” frente a la presunción de que se generaría un “efecto frontera” que, por el contrario, se ha demostrado inexistente.
De esta actuación derivan otros múltiples beneficios que se suman al de la mejora de la calidad del aire, como es la disminución de los niveles de ruido, la reducción del número de accidentes de tráfico o la posibilidad de impulsar medidas asociadas aprovechando estas ganancias, como las resultantes de una menor demanda de ocupación del espacio público por el vehículo privado y la posible reordenación del mismo. Las estrategias de limitación de acceso al tráfico en los núcleos de las ciudades, sin embargo, también implican algunos inconvenientes si no se complementan con medidas específicas, como el asociado a la distribución de mercancías cuyo replanteamiento logístico va aún desacompasado con la implantación de medidas de este tipo, lo que genera un efecto directo en los agentes implicados en este sector.
Atender y dar solución a estas cuestiones y avanzar progresivamente hacia el endurecimiento de las medidas debía ser el siguiente paso responsable y consecuente con los datos que aun posicionan a Madrid como la ciudad europea con mayor mortalidad asociada a la contaminación por NO2. Resulta incomprensible el empeño del consistorio por desmantelar una estrategia que ha resultado positiva y que además cuenta con un importante consenso ciudadano, como se ha demostrado en numerosas ocasiones y como atestiguan los propios datos. En este momento urge estudiar y aplicar la extensión de los límites de la zona de bajas emisiones o establecer otras estrategias restrictivas con el vehículo privado. Lejos de esto, la anulación de Madrid Central, que hace también decaer las antiguas Áreas de Prioridad Residencial ya derogadas, devuelve a la ciudad al escenario del año 2004.
Por el momento no hay datos contrastables de las consecuencias del decaimiento, pero si tan solo en aquellos días de 2019, en los que el actual gobierno municipal anunció una moratoria de las multas, la céntrica estación de Plaza del Carmen sufrió un incremento de más del 50% en los niveles de NO2, podemos deducir que las consecuencias de la anulación definitiva tendrán un impacto importante. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid no ha sido capaz de resolver la situación legal actual, creando un escenario de confusión similar al de hace dos años. El Alcalde aseguró el pasado martes que se seguiría multando al menos durante dos meses, los correspondientes al plazo para ejecutar el auto judicial. Sin embargo, al día siguiente el consistorio dio marcha atrás indicando que seguirían anotando el registro de infractores pero que las multas no se tramitarían hasta que los servicios jurídicos municipales aclarasen la situación. Ningún plan del consistorio parece que pueda resolver por el momento a la situación de inseguridad. La tan mencionada “estrategia” Madrid 360 no cuenta con ningún tipo de aprobación del pleno municipal ni tramitación legal alguna, por lo que su implantación se alagará todavía varios meses.
Sobre la zona de bajas emisiones que se pretende implantar sabemos poco, aunque parece que la idea principal es extenderla a los límites de la Almendra Central impidiendo la circulación únicamente a los vehículos sin distintivo ambiental, lo que supone una relajación extrema de las exigencias con respecto a las de Madrid Central. Este esbozo de proyecto ignora además los problemas asociados a la desmesurada ocupación del espacio público por parte del vehículo privado, imposibilitando acometer medidas contundentes que impulsen modelos de movilidad alternativos. En cuanto a la ampliación de los límites de la zona de bajas emisiones, si lo que se pretende es mejorar la situación actual es evidente que ésta debe ir de la mano de distintas restricciones perimetrales con condiciones diferenciadas, como sucede en ciudades como Londres o Roma, dejando el centro de la ciudad (lo que actualmente corresponde a Madrid Central) como una Zona de Ultra-Bajas Emisiones y la Almendra Central como Zona de Bajas Emisiones, pero sin reducir en ningún caso las exigencias actuales.
Con la aprobación de Madrid Central, Madrid empezó a avanzar hacia un cambio en el modelo de ciudad que por fin olvidaba el privilegio que durante décadas se le había concedido al vehículo privado y empezaba a remar junto con la mayoría de grandes ciudades en la lucha contra la contaminación por sus consecuencias sobre la salud y el medio ambiente. El intento de los actuales miembros del gobierno municipal de frenar Madrid Central durante el anterior mandato fue una irresponsabilidad de enormes magnitudes, pero incluso mayor ha sido la de no recurrir la sentencia cuando fue posible, teniendo en cuenta además que su decaimiento es consecuencia de formalidades en la tramitación que se podrían haber subsanado en lugar de forzar la situación de inseguridad normativa actual.
En el momento en el que nos encontramos, es incomprensible el empeño por retroceder en políticas medioambientales y volver a remar a contracorriente del resto del mundo cuando lo que está en juego es algo tan serio como la salud de los ciudadanos.
@Panigale
Tu libertad para intoxicar a los demás. Me alegro de no tener que vivir más en Madrid
Madrid Central es historia, de la mala. Elitista, mal legislado (los tribunales lo han tirado abajo) y muy limitante en espacio.
El futuro se llama Madrid 360 y esta zona será mucho más amplia, con restricciones más adecuadas y sensatas además de una visión global, se ha trabajado durante meses con varias consultoras.
El ayuntamiento de Madrid debe poner YA en marcha Madrid-360 y jubilar Madrid Central, no sólo zona de bajas emisiones en el centro histórico de Madrid sino en todo Madrid capital, pero con sus excepciones.
Ahora deberán esperar al 1 de julio para legislar con el nuevo etiquetado de la DGT y una vez la DGT lo saque, finalizar Madrid-360 de forma definitiva y aplicarlo ya.
Que Madrid Central haya sido un fiasco por no seguir la totalidad de los procedimientos, nadie puede dudarlo. Yo añadiría que además, fue un fiasco en tanto en cuanto, reformuló la herramienta previa de las APRs, mucho más eficiente, que precisamente iban a ampliarse para coincidir con el recinto de Madrid Central, pero las mataron para la nueva herramienta. Probablemente el mayor desatino del gobierno de Carmena, porque sencillamente podría haber enarbolado la bandera previa y hacerla más fuerte para solventar la papeleta europea (y la de los ciudadanos). También pienso que áreas así, restrictivas, son necesarias en otras partes de la ciudad, como los cascos históricos de los otrora pueblitos satélites (Fuencarral, Hortaleza, Vallecas, Carabanchel, …) y se deberían haber planificado ya, pues también te lo digo que sí. Y muchas otras medidas «sueltas» que no van bajo el amparo de ninguna marca publicitaria. Falta mucho por hacer en Madrid, y da la sensación que los cambios van demasiado lentos y trasciende a los distintos equipos de gobierno. Pero el cuento publicitario del Madrid 360, forjado en 2 semanas con urgencia en Deloitte para poder contraponer «algo» frente al Madrid Central del rival, permíteme que discrepe de tus apreciaciones, los hechos hablan por sí mismos.
Por otro lado, estoy convencido que en no muchos días, el alcalde nos presentará el nuevo Madrid Central, con nombre renovado, por supuesto, con sello 360, y condiciones… prácticamente las mismas que las del cadáver aún caliente en el TSJM 🙂
Saludos.
La mayoría de los madirleños hemos votado contra este tipo de restricciones, por mucho que os empeñéis entre lloros. Queremos libertad para todos, no para unos pocos.
Supongo que te refieres a las elecciones municipales, porque no recuerdo ninguna votación al respecto de la materia, poco se pregunta a los ciudadanos sobre su visión de la ciudad, de votar ya ni hablamos. Nada que discutirte si piensas que no te gustan esas restricciones, pero que la mayoría de madrileños sí .. pongámoslo en duda. Lo de la «libertad», ya tal.
Siguiendo tu argumento, resultaría curioso cómo la mayoría de madrileños que pusieron en la alcaldía a Gallardón (PP), estarían contentos con las restricciones de las APR, mucho más fuertes que la descafeinada Madrid Central, sin embargo, la suma de minorías que puso en la alcaldía a Martínez-Almeida (PP), estaría muy cabreada con las restricciones cutres de Madrid Central. Sería digno de estudio.
Saludos.
Esperemos que como consecuencia de análisis rigurosos como el Berta Gámez, y la presión que ahora ejercerá la Ley del cambio climático, reconozca finalmente el actual Ayuntamiento de Madrid que no puede ir contracorriente.