El pasado lunes se dieron a conocer las tarifas que, a partir del 1 de enero, resultarán aplicables en el transporte público.
Como ya sabréis, el billete sencillo pasará de 1’45 euros a 2 euros (+38%), la T-10, de 8’25 euros a 9’25 euros (+12%), la T-50/30, de 33’5 euros a 37 euros (+10%), la T-Mes, de 51 euros a 50 euros (-2%), la T-Trimestre, de 140 euros a 135 euros (-3’5%) y la T-Jove, de 119 euros a 100 euros (-16%).
La conclusión a la que podemos llegar con estos datos es que se ha optado por una subida abusiva de las tarifas en el caso del billete sencillo, la T-10 y la T-50/30, mientras que en la T-Mes y en la T-Trimestre la rebaja es meramente testimonial y beneficiará a un número muy limitado de usuarios, pues apenas un 10% de los viajeros usa alguno de los títulos de transporte que a partir del 1 de enero bajarán su precio, frente a un 70% de ellos, aproximadamente, que optan por adquirir la T-10. Resulta asimismo incoherente que se suban las tarifas de una manera tan importante precisamente cuando en las próximas semanas comenzarán a producirse recortes en el servicio, como os explicaremos en los próximos días.
La mayor subida de la última década
Al analizar la evolución del precio que han tenido los diferentes billetes a lo largo de los últimos diez años, constatamos que la subida en un 38% del billete sencillo de cara al 2012 multiplica por 7’5 la mayor de las subidas registradas durante la última década, cuando fue del 5%. En la misma línea, el incremento de precio que habrá en la T-10 y en la T-50/30 a partir del 1 de enero, que será de un 12% y de un 10%, respectivamente, casi doblará el mayor de los producidos desde el año 2000.
De hecho, para que compense usar la T-Mes hay que hacer al menos 68 viajes en la Corona 1, mientras que en las tarjetas de más de una zona son necesarios unos 60 trayectos, aproximadamente, con lo que puede llegar a resultar prácticamente imposible disponer del tiempo necesario para alcanzar un uso tan intensivo. Además, con las nuevas tarifas difícilmente se producirá un trasvase significativo de usuarios hacia la T-Mes, como pronosticó el Conseller de Territori i Sostenibilitat, pues el precio de esta tarjeta seguirá siendo poco competitivo para quienes suelen hacer dos o incluso tres viajes al día en transporte público. Por otro lado, no se fomenta los viajes esporádicos realizados en grupo ni se premia adecuadamente a quienes utilizan de manera regular el transporte público pero a veces hacen trayectos de una zona y otras veces se desplazan por diferentes coronas tarifarias, pues a menudo se ven obligados a adquirir billetes sencillos o una T-10, por lo que reciben el mismo trato, en las tarifas, que quien apenas lo usa.
Entre las cuestiones que también cambiarán a partir del 1 de enero encontramos por un lado la ampliación hasta los 13 años de la T-12, con la idea de hacer realidad al final de la actual legislatura la promesa electoral de que el transporte público sea gratuito hasta los 16 años. Asimismo, a partir de febrero los parados que no superen unos determinados ingresos mensuales podrán obtener un descuento del 50% en la T-Trimestre. Todo parece indicar que esta última medida no tendrá demasiado éxito, ya que las personas sin empleo no son, precisamente, quienes suelen necesitar hacer no ya decenas de viajes a lo largo del trimestre, sino centenares de ellos. Parece, pues, más una medida propagandística que un instrumento que pueda resultar útil. Finalmente, también aumenta el importe de la multa por viajar sin billete, de 50 a 100 euros, aspecto que nos parece positivo porque probablemente hará disminuir el fraude.
Un sistema tarifario en crisis
El actual modelo de financiación del transporte público ha demostrado ser insuficiente, ya que se mantiene un esquema financiero que no logra equilibrar las cuentas, se tiene serias dificultades para racionalizar los costes de explotación y, a la vez, el sistema tarifario ha quedado obsoleto, al no fidelizar a los usuarios.
De hecho, durante la última década la recaudación en el transporte público se ha incrementado en un 67%, mientras que el IPC aumentaba entre un 25% y un 30%, aproximadamente, si bien la T-10 resultará a partir del 1 de enero un 74% más cara que una década antes. Queda claro, pues, que estamos ante una falta de financiación del sistema, no ante una escasa aportación de los usuarios. De cara al 2012 esta aumentará hasta el punto de que quienes viajen en transporte público sufragarán, de media, un 47% del coste del mismo de forma directa. Acabará así la época en la que la Administración se hacía cargo del 60%, aproximadamente, del coste de este servicio y el usuario financiaba el 40% restante, con la intención de alcanzar a medio plazo una aportación a partes iguales entre ambos.
Respecto a la financiación del sistema, cabe decir además que en los últimos años la aportación del Estado ha ido disminuyendo paulatinamente, por lo que, para cuadrar los números, en 2012 tanto la Generalitat de Catalunya como el Ayuntamiento de Barcelona destinarán mayores recursos económicos.
Por otro lado, la difícil situación financiera actual ha obligado este año a muchas empresas operadoras a endeudarse para hacer frente a los gastos corrientes, lo cual, a largo plazo, resulta insostenible. En consecuencia, es necesario estimular la demanda de los usuarios habituales, reducir los costes operativos y, por último, aprobar una ley de financiación del transporte público que prevea que los coches deben asumir las externalidades que generan (atascos, contaminación, accidentes…) y aportar recursos al sistema.
Es necesario un cambio de mentalidad
Hace unos días la PTP propuso al Departament de Territori i Sostenibilitat crear un abono mensual, bautizado como T-Ambiental, de viajes ilimitados de 3 o de 6 zonas al precio de 51 ó 100 euros, respectivamente, con el que se favorecería a los usuarios habituales del transporte público, a quienes hacen desplazamientos con un número variable de zonas y a quienes viven o trabajan fuera de la primera corona. Este abono podría haber servido como medida compensatoria ante el aumento general de tarifas aprobado de cara al 2012, pero desgraciadamente esta idea fue desestimada.
Además, cabe decir que las Administraciones Públicas estimulan la compra de vehículos, pero no se fomenta como debiera la movilidad sostenible. A la importante subida del transporte público hay que sumar el encarecimiento del bicing a partir del 1 de enero, pues la cuota anual pasará de 35 a 44 años (+25%). En cambio, de cara al año que viene se han establecido descuentos de entre un 3% y un 7 % en el impuesto de vehículos de tracción mecánica, así como la gratuidad del área verde de aparcamiento para los residentes que no hayan sido sancionados durante el 2011. Por otra parte, aunque el año que viene los peajes de las autopistas subirán sus precios un 5%, aproximadamente, habrá descuentos, que puede acumularse, para los vehículos VAO, para los menos contaminantes y para los usuarios habituales de la vía, por lo que pueden llegar a estar totalmente exentos de su pago. Asimismo, pese a la crisis, se siguen construyendo grandes infraestructuras viarias, como la autovía entre Vilanova i la Geltrú y Manresa, se crean peajes a la sombra y se mantiene el Plan Prever para la sustitución de vehículos.