· Los gobiernos de Catalunya y del Estado han adoptado planes de estímulo para la demanda de coches y motos, eléctricos o no, pero no han tomado nuevas medidas de fomento del transporte público.
· El Ayuntamiento de Barcelona sigue regalando el área verde de aparcamiento y favoreciendo el uso de la moto, con aparcamiento gratuito sobre todo tipo de aceras, mientras el transporte público sube cada vez más.
El transporte público necesita nuevas políticas de estímulo de la demanda y de fidelización de los usuarios, pero las administraciones públicas catalana y española miran a otro lado. La pérdida de 23,7 millones de viajeros en los 10 primeros meses de 2012, después de haberse batido el récord de pasajeros en 2011 con 935,5 millones de usuarios, situará la demanda anual del transporte público en la región metropolitana en las cifras de 2006, con una caída aproximada del 3,0 % – 3,3 %. Esta es una pésima noticia para la movilidad metropolitana, ya que se rompe una dinámica de crecimiento en unos momentos en que se deberían redoblar los esfuerzos para incrementar el uso del transporte público, debido a la crisis social, ambiental y energética. La pérdida drástica de pasajeros no se explica únicamente a partir del grave impacto en la demanda ocasionado por las huelgas, especialmente del bus de TMB; o por el paro (menos desplazamientos laborales, por compras y de ocio). No podemos pasar por alto el impacto que sobre la demanda ha tenido la mayor subida tarifaria de la historia, practicada a principios de 2012, agravada por el incremento de IVA en septiembre. Las administraciones, lejos de hacer autocrítica, vuelven a subir las tarifasat (entre el 3,1 % y el 4,1 % según el título integrado) y siguen sin presentar ningún plan de estímulo de la demanda como sí están haciendo con el sector de la automoción (peajes en la sombra, subvención por renovación de vehículos, rebaja del impuesto de matriculación, área verde gratis para residentes, parrillas de salida para motos, anarquía sobre el aparcamiento de vehículos a motor en aceras, etcétera).
Las entidades del Consell de Mobilitat CCOO, CONFAVC, FAVB, PTP i UGT nos sentimos engañadas después de que la ATM se comprometiese a crear un grupo de trabajo sobre financiación y tarifas a lo largo de 2012 y no lo cumpliese, como ya se denunció en el “Manifiesto en defensa del transporte público”. Durante los últimos años estas entidades han hecho propuestas para mejorar financiación y tarifas sin que se haya producido ningún cambio significativo por parte de los administradores. Asimismo, se ha rechazado la propuesta de crear la T-Ambiental, una idea para vincular transporte público y protección del medio ambiente mediante la modificación de las condiciones de uso de la T-Mes, que, además de título de transporte, se convertiría en carnet con derecho a descuentos en diversos servicios de movilidad. La idea es reducir las limitaciones actuales (fronteras zonales, número de pasajeros o temporalidad) para fidelizar a los usuarios.
Sin esquema financiero robusto: ¿a qué esperan las administraciones para cumplir la ley de movilidad? El transporte público se encuentra inmerso en un círculo vicioso de mala financiación que ha comportado el endeudamiento de empresas públicas como TMB y FGC para poder pagar el gasto corriente de este servicio público esencial, una situación inadmisible. Desde el año 2003, en que se aprobó la Llei de Mobilitat a Catalunya, se encuentra pendiente la elaboración de una ley de financiación del transporte público que dé solución a estas insuficiencias financieras.
Pese al nuevo incremento tarifario, el uso del transporte público continúa saliendo a cuenta respecto al vehículo privado. Al mismo tiempo que se reivindican mejoras de financiación y tarifas más atractivas, la PTP quiero recordar que el uso del transporte público integrado ya es más económico, sostenible y seguro que el uso del coche y de la moto. Muchos conductores tienen la percepción contraria, ya que únicamente toman en consideración el gasto en carburante, que solo representa el 16 % – 24 % del coste real de mantener en funcionamiento un vehículo propio, que es de unos 1.300 € anuales para la moto y 3.700 € para el coche. Cabe destacar que contar únicamente los gastos por carburante sitúa el coste de la moto por debajo del transporte público, un factor especialmente crítico en el público joven, que a menudo solo paga esta parte variable de su movilidad.
La PTP mantendrá el contacto con las entidades sociales y ambientales catalanas para acordar acciones que exijan a las administraciones públicas una actitud más beligerante en defensa del transporte público. La movilidad sostenible y segura debe estar por encima de los intereses de la industria de la automoción.