Hace unos minutos se ha presentado en sociedad, en el Intercambiador de Atocha, la plataforma Madrid en Transporte Público que aglutina a más de una veintena de colectivos políticos, sindicales y sociales de nuestra región
Madrid en Transporte Público nace como respuesta a la política de recorte y precarización del transporte público que el Gobierno Regional y el Ayuntamiento han impulsado en los últimos años: progresivamente hemos asistido a un incremento de tarifas muy por encima del IPC, a un recorte brutal de servicios en Metro, a la desaparición del buhometro, al cierre de vestibulos e, incluso, al desmantelamiento de una línea ferroviaria como la Pinto-San Martín de la Vega.
Ante esto la sociedad civil organizada responde y plantea, como alternativas, un transporte público accesible y de gestión 100% pública frente al modelo de la privatización, modificar las tarifas a la baja y plantear la inclusión de colectivos a día de hoy marginados del transporte público como parados y perceptores de rentas inferiores al SMI, recuperar los intervalos de 2008 y garantizar el acceso en transporte público a los servicios públicos esenciales, impulsar la transparencia en las inversiones y auditar las ya realizadas y establecer una política fiscal finalista en la que los impuestos del coche reviertan en el transporte público.
Puedes consultar el manifiesto de Madrid en Transporte Público aquí
La lectura del manifiesto es de una ingenuidad pasmosa desde mi punto de vista tanto en el análisis de la situación como en las medidas propuestas. La guinda del despropósito y que bien recoge «canonte.3» es la mención a la deuda ilegítima.
Antes de hablar de este tema, deberemos tener claro que la movilidad responde a un derecho ciudadano por lo que deberemos tener claro una mayor intervención pública que en el resto de sectores económicos.
Esta intervención debe obligarnos a descartar una liberalización, tal y como sugiere «Pedro Ramón» de este sector pues es facilmente comprensible la vulneración de derechos de algunos ciudadanos que supondría.
Es decir, resumiendo, la gestión del transporte público debe hacerse desde instancias gubernativas no obligando ello a excluir al sector privado.
De hecho existe abundante documentación de la Unión Europea elaborada a partir de la experiencia en diferentes países, en la que recomienda un sistema mixto para el transporte público, a partir de empresas privadas de tamaño medio, que disfruten de concesiones de no más de 8 años.
Creo que ahí radica el éxito o el fracaso a la hora del diseño de un sistema de transporte, y es el de apoyarse en la experiencia para copiar los hechos positivos descartando el resto. Todo lo demás es demagogia, tanto de los que abogan por las supuestas infinitas virtudes de lo público, como de los que presentan al sector privado como redentor de una sociedad decadente.
Muy interesante la plataforma por el transporte público. ¡Pero si hasta hablan de deuda ilegitima! ¡Los amo!
¿Soy yo el único que diferencia entre gestión y operación?
En el campo del transporte la distribución de competencias públicas y privadas puede abarcar tantos matices como se quieran. Explicarlos daría para un post entero (y a buen seguro que lo haremos, visto lo visto).
Por adelantar algo, podemos distinguir 4 variantes, aunque entre ellos hay muuuuchos matices.
– Gestión pública – Explotación pública: Es el caso extremo, donde todos los modos dependen de una única empresa pública. Un ejemplo sería Bélgica donde metro, bus y tram dependen de una única empresa: De Lijn (en Flandes), STIB (Bruselas) y TEC (Valonia)
– Gestión pública con explotación mixta: es el caso más extendido. La ATP es pública y dicta todas las condiciones sobre los operadores, sean públicos o privados. La ATP fija horarios y tarifas pero también puede regular condiciones laborales de los empleados.
– Gestión privada mediante concesión: las condiciones se fijan por el operador y la administración sólo regula el cumplimiento de concesiones y, en según que casos, tarifas y horarios. Así funcionan las concesiones de largo recorrido en España.
– Gestión privada en libre competencia: la intervención pública es mínima.
Ciertamente no he caído en hacer estas distinciones en mi anterior comentario.
Pero ahora si que me pierdo del todo, porque, si en efecto la gestión del transporte público en Madrid es 100% pública, no me cuadra lo siguiente:
«Ante esto la sociedad civil organizada responde y plantea, como alternativas, (…) gestión 100% pública frente al modelo de la privatización»
¿cual es el objeto de plantear como alternativa una gestión 100% pública cuando ya existe una gestión 100% pública?
Saludos
Bueno, para mí (y es una opinión personal) Madrid y Barcelona estarían en un punto intermedio entre el 2 y el 3. Ya he dicho que hay muchos matices.
En España, las concesiones privadas todavía un amplio margen de maniobra. No hay más que comparar las condiciones laborales (sueldo y jornada) de los conductores de Interurbanos frente a la EMT, que son como la noche y el día. Con una ATP potente, la aportación privada se limitaría a poner el capital y obtener la parte correspondiente, el resto lo marca el Consorcio.
Aunque creo que la reivindicación de la Plataforma está lejos de las empresas clásicas, y va más enfocada hacia los nuevos operadores publico-privados (MLO, TFM, TranviaParla…) los cuales se erigieron como una solución mágica para sacar inversión de donde no había, y hoy son el lastre del sistema. Como ejemplo, la tarifa técnica de MLO alcanza los 4,4 €/viajero, mientras que la de Metro (sin TFM) no supera 1,50€.
Adri, ¿entiendo entonces que hay tres niveles o esferas:
1.- Titularidad del servicio – en la CAM es pública
2.- Gestión del servicio – en la CAM es pública tb (CRTM)
3.- Operación del servicio – en la CAM es mixta, pues hay operadores privados y operadores públicos?
Si esto es así, y dado que os habéis unido a la plataforma Madrid en Transporte Público, ¿sabéis si esa plataforma propone que la operación de todos los servicios de transporte sea 100% pública o por el contrario esa plataforma ve con buenos ojos que la operación del servicio esté en manos de empresas privadas?
¿Gestión 100% pública?
Ni en los tiempos de Leguina se vio eso…
Modelo de privatización… Para eso tendría que existir alguien interesado en quedarse con una serie de empresas públicas altamente endeudadas.
Por cierto, la tan alabada Londres con su red de autobuses urbanos con líneas 24 horas, y red nocturna mallada funciona a base de concesiones.
Ni tan desastrosa es la gestión pública, ni tan temible la privatización.
Aunque lógicamente, en un país donde mola es darse caña constantemente, lo que vende es seguir asustando al personal con privatizaciones inexistentes, o con que los servicios públicos son los responsables de la ruina del país.
Así vamos.
Saludos
¿Gestión 100% pública? Eso es lo de menos mientras:
1.- Exista liberalización del sector y operen las empresas en libre competencia cumpliendo toda la legislación vigente
2.- Fijando el estado unas tarifas máximas, compensando la adjudicación de concesiones rentables con la de deficitarias y velando la administración por que se cumplan tarifas, servicios y reglamentación de transportes
Y de paso dificultas que las empresas sirvan de nido para enchufar estómagos agradecidos
¿Concesiones? no lo entiendo, por un lado hablas de liberalización del sector y libre competencia y por otro de concesiones administrativas… o hay libertad o hay intervención, pero las dos cosas no se pueden dar en una misma parcela de la sociedad, son mutuamente excluyentes. Creo que la clave está en decantarse decididamente por una o por la otra. Cada una presenta sus propias ventajas e inconvenientes.
Me refiero a una u otra opción, o liberalización controlada o concesiones controladas
¿Cuál es la ventaja de la gestión 100% pública con respecto a una gestión privatizada?
Que los políticos y sus amiguetes pueden seguir metiendo mano 🙂
Desgraciadamente con la gestión privada los políticos y sus amiguetes también pueden seguir metiendo mano. Quizás incluso más.
Si alguien quiere meter mano, lo hará sea pública o privada la gestión.
Lo ideal sería una gestión 100% pública pero profesionalizada.
¿Y eso cómo se come?
Al final a lo sumo se podrá exigir informe preceptivo por parte de los técnicos. Pero no vinculante. Las decisiones que importan, las que en el pasado han causado estragos, serán tomadas por cargos electos (políticos, no técnicos). No puede ser de otro modo.
La clave de todo está en el electorado: que tenga criterios adecuados para decidir su voto, que apueste por proyectos racionales y económicamente asumibles y que castigue a los políticos que persigan elefantes blancos.
Eso para empezar.
Mejor que el pueblo quien haga política de forma activa, ¿no? Y que sea sea el propio pueblo quien decida.
Eso de delegar en alguien y desentenderse totalmente durante 4 años está más que probado que no funciona.
Yo estoy de acuerdo, pero ¿qué hacemos con las empresas privadas que actualmente prestan el servicio de buses interurbanos?
Esperas a que se termine la concesión y cuando termine operas la línea con una empresa 100% pública.
También existe la posibilidad de nacionalizarlas directamente, pero eso es más complicado.
Los derechos de ciudadanía, deber ser gestionados por y para las personas, por ende desde lo público.