El fraude: ¿cómo atajarlo definitivamente?

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Si bien existe un consenso generalizado en torno a que debemos pagar por el uso del transporte público, también es cierto que hay colectivos que, sencillamente, no pueden asumir el coste que éste tiene asignado actualmente. Por suerte, la ATM ya ha empezado a abordar este asunto, mediante la creación de los títulos para familias numerosas y familias numerosas especiales, con descuentos que van del 20 al 50%. No obstante, hace falta, y de forma urgente, adoptar otras medidas que permitan eliminar el fraude que se produce por el alto coste que tiene el transporte público para algunas familias. Consideramos, pues, que es necesario: 

– Extender la gratuidad del transporte publico hasta los 16 años, que es la edad de escolarización obligatoria.
 
– Reducir el precio para estudiantes desempleados.
 
– Eliminar la T-Jove tal y como está planteada actualmente, ya que es una aberración: hacer pagar 115 euros a jóvenes, en su mayoría sin empleo, es una falta de respeto que sólo conocemos los que, por necesidad, hemos pagado religiosamente este título cada 3 meses, elevándose el coste anual a más de 400 euros, cantidad completamente inasumible para muchas familias.
 
– Reducir el precio para empleados con necesidad obligatoria de transporte. Una reducción del 20 o 30% podría ser adecuada.
 
– Reducir el precio de los títulos para unidades familiares con unos ingresos bajos, aplicando un precio que sea proporcional a su capacidad adquisitiva.
 
La solución a la lacra del fraude
 
Pese a que la solución al creciente problema del fraude en el transporte público debería corresponder única y exclusivamente al propio ciudadano que defrauda, sabemos que en España esto no va a ser así nunca, al contrario de otros países más «civilizados» del centro y norte de Europa, y por eso se ha de estar constantemente innovando.
 
Así, pues, consideramos que para eliminar la inmensa mayoría del fraude que se comete actualmente sería conveniente tomar las siguientes medidas:
 
Aumentar el importe de la percepción mínima por cometer fraude de 50 a 600 euros (o más), además de eliminar la reducción del 50% si se abona la multa en el momento, con el objetivo de que colarse en el transporte público deje de ser rentable. En otras palabras, los defraudadores deben tener miedo a que les «enganchen» sin billete, de manera que se lo piensen dos veces antes de colarse. Ésta es, quizá, la medida mas importante de todas.

Incrementar radicalmente la seguridad privada en el metro, vigilando de forma permanente todas las líneas de validación de aquellas estaciones que superen las 10.000 validaciones diarias y que, por tanto, asumen ellas solas más del 1% de validaciones totales de metro, haciendo vigilancia «itinerante» en las demás líneas de validación. Aunque habría quien reclamaría seguridad en todas las entradas al metro, ello es inasumible económicamente.

Implantar el nuevo sistema de validación y venta, basado en las tarjetas con chip, que está previsto para 2012 (ya veremos si se llega a implantar ese año con los recortes en la inversión pública) y que, de funcionar como, por ejemplo, en Londres permitirá eliminar de raíz el salto de zona, al ser el propio billete el que decide qué importe cobra en función de las zonas recorridas, y que se descontará en la cancelación de salida.

Introducir la figura del policía de transportes en la red de metro, hecho que restaría impunidad a los infractores y reforzaría la autoridad del vigilante de seguridad privado, muchas veces mermada por los propios pasajeros. Sobre esta cuestion se hizo un amplio análisis hace unos meses en ecomovilidad.net Madrid.

Instalar puertas antirretorno en todas las estaciones de la red de metro, no de forma gradual, sino de manera inmediata.

Aumentar la agresividad de las puertas de entrada, de manera que en vez de estar programadas para ser tolerantes al fraude se cierren sin reabrirse al detectar el «fraude por trenecito». Tal y como están configuradas ahora detectan el fraude, pero cuando se cuela la segunda persona se mantienen abiertas para no golpearla.

Instalar canceladoras de salida en todas las estaciones de la red, imposibilitando que puedan burlarlas las personas sin billete.

Dotar a toda la plantilla de atención al cliente de metro de la posibilidad (que no obligación) de multar al pasaje cuando presenciase la comisión de fraude, reservando a los interventores su trabajo de intervención.

Quizá la solución no pase por implementarlas todas, o no cada una de ellas al completo, sino encontrar un equilibrio de todas ellas. La cuestión es que este problema debe atajarse cuanto antes mejor, para evitar la sangría económica a la que se ven sometidas las arcas públicas que, por otro lado, no olvidemos que éste no es más que un nombre que se da a nuestro dinero, el de todos los ciudadanos.

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