Desde hace unos meses, como consecuencia de la situación económica que padecemos, se están produciendo recortes en servicios esenciales para la ciudadanía, como la sanidad, la educación o los asuntos sociales. Desgraciadamente, esta amenaza se cierne también, y cada vez de una manera más evidente, sobre el transporte público.
Hasta la fecha, la mayoría de los usuarios apenas no hemos percibido en el día a día que se hayan dado pasos atrás en materia de movilidad sostenible como consecuencia de la crisis, si bien también es cierto que son varios los aspectos que demuestran que el transporte público ha empezado a resentirse ya ante los recortes que se imponen. Así, por ejemplo, proyectos como la extensión de la integración tarifaria a toda Catalunya, que inicialmente debía ser una realidad a partir del 2012, han quedado aplazados sine die. Tampoco parece que vaya a haber novedades a medio plazo en relación con la implantación de la tarjeta sin contacto en el área metropolitana de Barcelona, prevista inicialmente para este mismo año.
Además, la crisis ha agravado los problemas económicos que hace tiempo que arrastra la ATM, pues la política tarifaria que sigue no fideliza a los usuarios y cada vez depende más de las aportaciones que los poderes públicos hacen al sistema. Si hace una décadala Administración subvencionaba aproximadamente la mitad del coste de cada billete de transporte público, hoy por hoy ya abona el 60% de este. Para acabar con esta situación que resulta insostenible a largo plazo, parece más que probable que a partir del 1 de enero los usuarios deberemos pagar en torno a un 5% más por las tarjetas y abonos.
También las obras y proyectos de mejora y ampliación se han visto afectados por los recortes. Quizá la ralentización de las obras de las líneas L9 y L10 de metro en la zona del Delta del Llobregat, así como la falta de concreción respecto al tramo central de estas líneas, sean la muestra más evidente de ello, pero existen muchos otros casos, como el sospechoso silencio que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya guarda respecto a los proyectos que elaboró y, en algún caso, incluso licitó el que fuera su predecesor, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, tales como las ampliaciones previstas en las líneas L1 (a El Prat de Llobregat y a Badalona), L2 (al aeropuerto y, nuevamente, a Badalona), L3 (a Sant Feliu de Llobregat y a Trinitat Vella) y L4 (a Sagrera-TAV).
Autobús de la línea L67, una de las que ha sufrido recortes últimamente
Asimismo, tienen un futuro incierto obras ejecutadas ya en un alto grado, como la estación Ernest Lluch en la línea L5, de la que ya os hemos hablado, y que permitiría crear un potente intercambiador en el que confluirían el metro y el tranvía.
Por otra parte, el mantenimiento del metro non-stop la noche de los sábados no parece garantizado, pues en su día el Departament de Territori i Sostenibilitat cuestionó su continuidad por el alto coste que tenía para las Administraciones, si bien poco después tuvo que desmentir que pretendiera eliminarlo.
Tampoco los autobuses se libran de los recortes. El caso de la supresión de las líneas L2 y L3 en Barberà del Vallès, de las que os hemos hablado ampliamente en ecomovilidad.net Barcelona, es solo uno de los ejemplos que podríamos poner. Así, hace apenas unas semanas el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat confirmó que se han eliminado líneas que tenían un uso meramente testimonial, como la que unía Figueres y Portbou. En este mismo sentido, recientemente se han reducido las expediciones en la línea L67, que une El Papiol y Castellbisbal con Barcelona.
Para acabar la lista de servicios afectados por los recortes, cabe decir que, aunque de momento no se han concretado reducciones en el Nitbus ni en el Trambaix y el Trambesòs, parece que la ATM está trabajando en este sentido con los operadores. De momento no son más que rumores que nos han llegado, pero probablemente se materializarán en los próximos meses.
Convendría, en definitiva, recordar que el derecho a la movilidad es primordial y debería ser considerado como tal por los poderes públicos. No en vano, muchas personas no tienen carnet de conducir ni vehículo propio, por lo que el transporte público es el único medio de que disponen para ir a trabajar o a estudiar. Para muchas otras, que sí cuentan con coche propio, tener que recurrir a él es un gasto más en su ya maltrecha economía.
Por eso, consideramos que no deberían producirse recortes generalizados en este ámbito y, en el caso de que fuera necesario acometer cambios y reestructuraciones, primaran los principios de eficiencia, cohesión social e interés colectivo.