¿Multas variables para luchar más eficazmente contra el fraude?

Cada mes de enero aumentan las tarifas del transporte público, al menos tanto como lo hace el IPC. No hay año, pues, que quienes pagamos nuestro billete escapemos a esta realidad. Los que viajan sin billete o con uno no válido, en cambio, constatan que la multa se mantiene intacta durante años y su importe no varía en función de las causas o las circunstancias por las que se impone. 

Así, pues, da igual si el billete no se ha validado o no es válido, si no se dispone del mismo o no se puede enseñar a los inspectores, si está caducado, si es de un importe reducido (destinado a la tercera edad, a jóvenes, a familias numerosas o monoparentales, a parados…) y no se puede demostrar el derecho a obtener ese descuento, si no se acredita la titularidad en los billetes personalizados o si se usa fuera de la zona tarifaria correspondiente. En todos esos casos la multa es idéntica, 100 euros, que queda reducida a la mitad si se paga en el momento.

Desde ecomovilidad.net Barcelona, sin embargo, consideramos que sería interesante que la ATM se plantease una revisión de los criterios generales que se siguen actualmente para adaptarse mejor a las diferentes realidades, con el objetivo de disuadir a quienes se cuelan deliberadamente y, a la vez, no perjudicar en exceso a los usuarios que no han pagado cuando quede demostrado que no ha existido intencionalidad.

En este sentido, nos parece interesante como punto de partida el sistema que utiliza en Francia la SCNF, al prever que la multa tendrá un importe u otro en función de las circunstancias concretas que se den en cada caso. Así, si en los trenes franceses se dispone de billete pero este no ha sido validado la multa es de 25 euros. En cambio, si no se lleva ningún tipo de billete esta pasa a ser por valor de 35 euros. Finalmente, si se ha utilizado un billete falsificado la multa alcanza los 128 euros. Convendría, pues, que la ATM implantara en Catalunya un sistema similar al francés, aunque podrían introducirse algunas variaciones. En cualquier caso, el importe de las multas debería ser claramente disuasorio para quienes pretendieran colarse.

Entendemos, pues, que las multas de 100 euros deberían imponerse cuando se hayan superado las zonas tarifarias a que da derecho el billete, así como cuando el billete no sea válido o no se haya validado, siempre que se hayan utilizado estaciones o medios de transporte que no tengan torniquetes o puertas deslizantes para acceder. En definitiva, se pretende no perjudicar en exceso a quienes hayan olvidado validar o se hayan podido confundir de tarjeta.

Un importe mayor (tal vez 150 euros) deberían tener las multas cuando, habiendo accedido en estaciones o medios de transporte con torniquetes o puertas deslizantes, no se ha validado el billete o este no es válido. Podrían tener este mismo importe las multas cuando no se disponga de billete o no se puede mostrar a los inspectores e interventores, cuando el billete esté caducado y cuando, siendo abonos ilimitados personales e intransferibles o billetes de precio reducido, no se tenga derecho a usarlos.

Finalmente, correspondería una multa aún mayor (quizás 200 o 300 euros) cuando se hubiera falsificado el billete, pues en ese caso habría existido una evidente mala fe.

Es más, como el objetivo que se persigue es penalizar especialmente a quienes reiterada y deliberadamente utilizan el transporte público sin pagar, somos partidarios de que, en caso de reincidencia, las multas multiplicasen por dos su importe. Es decir, si a un usuario se le ha impuesto una multa y vuelve a viajar sin un billete adecuado, en esta segunda ocasión la multa sería por el doble del importe que le correspondería en circunstancias normales.

En cualquier caso, creemos que no todas las medidas deben ir encaminadas a aumentar los importes de las multas. Así, por ejemplo, debería darse la posibilidad de acreditar la titularidad de los billetes personalizados o el derecho a utilizar billetes de importe reducido con posterioridad a un control de fraude. Es decir, si un usuario lleva un billete de carácter nominativo o de precio reducido sin la correspondiente acreditación (DNI, carnet de familia numerosa…), el inspector se lo confiscaría, pero entendemos que el usuario debería poder recuperarlo a posteriori, si acredita que, efectivamente, tenía derecho a usar ese billete, y la multa quedaría anulada automáticamente.

Por otro lado, podría estudiarse la posibilidad de establecer un preaviso sin multa la primera vez que se viajase sin validar, cuando el medio de transporte o la estación en la que se ha iniciado el trayecto no tengan torniquetes o puertas deslizantes que impidan entrar sin pagar. Se daría así cierto margen de confianza a quienes, sin quererlo, sino por despiste, hubieran entrado sin validar sus billetes. No obstante, si eso mismo ocurriera una segunda vez, entonces se deberían abonar a la vez las dos multas. De todas maneras, si no se quisiera implantar el sistema de primer preaviso sin multa, podría optarse por imponer una multa por una cuantía algo menor cuando la estación de acceso o el medio de transporte no dispusieran de torniquetes o puertas deslizantes, ya que cualquiera de nosotros podría olvidarse de validar un día.

Finalmente, creemos que los pasajeros que utilizan abonos de viajes ilimitados (T-Dia, T-Mes, T-Trimestre, T-Jove…) no merecen recibir una cuantiosa multa simplemente porque hayan olvidado validar alguna vez, pues, hagan el uso que hagan de sus títulos de transporte, ya los han pagado. Es por eso que quizá para ellos debería existir una multa con un importe simbólico (5 euros, por ejemplo), ya que no es que no dispongan de título válido, sino que no lo han validado. Su compromiso con el transporte público, al fin y al cabo, ya ha quedado demostrado al comprar un abono con viajes ilimitados.

Evidentemente, sería muy interesante que una reformulación de este tipo para luchar contra el fraude fuera acompañada de una revisión, también a fondo, del sistema tarifario para beneficiar a los usuarios habituales.